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poner fin a la violencia . La reforma agraria se limitó a firmar una autorización para que los
terratenientes pudieran portar armas. La reforma tributaria quedó finalmente a discreción de los
empresarios, facultándoles para decidir quiénes tenían que pagar y cuánto. La posibilidad de
una solución dialogada con la guerrilla se cerró en el momento en que el presidente firmó un
acuerdo secreto con el ejército por el que, en la práctica, el poder civil quedaba supeditado al
militar, llegando a contar éste con una autonomía y unas prerrogativas que lo convirtieron en un
estado dentro de otro estado. Este fue el punto de partida del surgimiento de estructuras
estatales clandestinas de terror político que acabaron volviendo ineficiente al sistema de
justicia. El sistema penal quedó postrado ante un sistema subterráneo cuyo fundamento fue la
impunidad garantizada desde el poder público. Y por si acaso no era suficiente con todo lo
anterior, el ejército creó grupos paramilitares y los llamados Comisionados Militares. Estos
Comisionados constituyeron el poder local del ejército, se les equipó y entrenó para que
trabajaran como espías en las comunidades en las que vivían y como apoyo para las operaciones
militares. Legalmente se les reconoció el derecho para portar armas sin licencia (igual derecho
tenían los administradores y finqueros), se les equiparó con los agentes de seguridad (podían
detener e interrogar a sospechosos) y se les asignó un sueldo. A finales de los años 60 llegaron a
ser 9.000 miembros 21.
Con todo preparado, el ejército desató una brutal ofensiva contra cualquier cosa que oliera a
subversión. Entre octubre de 1966 y agosto del 67 se llevó a cabo la campaña contra las bases
de apoyo de la guerrilla en las áreas de Izabal y Zacapa (en el oriente del país), dirigida por el
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agregado militar en Guatemala, el coronel estadounidense John Weber . Recién iniciada esta
operación contrainsurgente el ejército asesinó a más de 10.000 civiles (víctimas colaterales,
como ahora les llaman) como resultado de la persecución a un grupo guerrillero compuesto por
no más de 300 ó 400 hombres.
Tiraron bombas, granadas... se asomaron en un barranco, fue cuando cayeron más
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El propio presidente definió su gobierno como de centro-izquierda y explicó sus pretensiones de
combatir la violencia de los dos extremos.
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Sólo en el departamento de Jutiapa fueron nombrados, en 1965, 971 comisionados. 1 por cada 50
hombres adultos.
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Dos años después, el coronel Weber se mostraba orgulloso de ser el ideólogo de matanzas y asesinatos
que luego el ejército de Guatemala se encargaba de ejecutar (Time, 26 de enero 1968).
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niños y las mujeres embarazadas las agarraron vivas, las partieron y les sacaron el
bebé (REMHI. IC 11, Chimaltenango, 1967-68).
Al mismo tiempo, unidades de la inteligencia militar y de la policía detuvieron, torturaron y
asesinaron a 28 líderes y activistas opositores de áreas urbanas. Sus cuerpos fueron lanzados al
mar para completar esta operación criminal que, probablemente, inauguró en América Latina la
práctica del secuestro político como parte del terrorismo de Estado. También fue asesinado el
poeta Otto René Castillo, quien fue quemado vivo por los militares que lo capturaron. Igual
suerte (si se le puede denominar así) corrieron once dirigentes del partido político del presidente
Méndez Montenegro; fueron capturados por la Policía Militar en Sanarate y aparecieron
acribillados y con la cara quemada.
En enero de 1968 un sacerdote católico norteamericano expulsado de Guatemala, el padre
Thomas Melville, informaba al National Catholic Reporter que en poco más de un año, los
grupos terroristas de la derecha habían asesinado a más de dos mil ochocientos intelectuales,
estudiantes, dirigentes sindicales y campesinos. De acuerdo con el código en vigencia «los
miembros de los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad penal por homicidios, y los
partes policiales o militares se consideraban plena prueba en los juicios. Los finqueros y sus
administradores fueron legalmente equiparados a la calidad de autoridades locales, con derecho
a portar armas y formar cuerpos represivos» (Galeano, Las venas. 184). Los grupos
paramilitares, surgidos tras el advenimiento al poder de Méndez Montenegro, llegaron a
alcanzar la veintena. Durante la campaña contrainsurgente de 1966-67 asesinaron a más de
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